Las Administraciones Públicas, con cargo a sus presupuestos realizan inversiones en activos para desarrollar sus actividades y prestar los servicios correspondientes a los ciudadanos / contribuyentes. Como todos sabemos, estos presupuestos se nutren de los impuestos tanto directos como indirectos que pagan dichos contribuyentes de acuerdo a lo estipulado en la legislación fiscal.

¿Pero qué pasa con estos activos cuando dejan de ser útiles para el servicio que prestan a los contribuyentes?

No nos referimos a privatizaciones de empresas públicas ni a ventas del patrimonio cultural e inmobiliario de interés público sino a inversiones en activos para su uso corriente como maquinaria, equipamiento hospitalario y educativo, mobiliario, vehículos, buques, aeronaves, repuestos, ordenadores, decomisos y embargos, objetos perdidos, etc,. Aunque pueda parecer poco significativo, si sumamos las compras de las distintas administraciones locales, autonómicas y estatales, supone una cantidad importante si es gestionado adecuadamente, de manera transparente y profesional.

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Nuestra experiencia es que las Administraciones Públicas no tienen ni los recursos, ni las herramientas ni el conocimiento para acudir a mercados secundarios a colocar todos estos activos que han dejado de ser útiles y atraer al público interesado tanto en el mercado nacional como internacional para obtener el mayor retorno.  Las ventas de los activos de distintos organismos normalmente se realizan de manera local, con escasa publicidad y poca concurrencia en círculos cerrados, muchas veces de manera presencial y a veces de manera electrónica con webs complicadas y poco amigables que desincentiva la participación.  Todo esto hace que los activos no se vendan o alcancen precios muy inferiores a lo que un mercado más amplio y competitivo estaría dispuesto a pagar.

Si grandes empresas del Ibex ya utilizan a empresas especializadas como Surus Inversa para liquidar los activos que ya no son útiles para su actividad, es porque obtienen un valor y un retorno superior al que obtenían cuando ellas se encargaban y además dedican sus recursos a dar valor a sus clientes. Este tendría que ser también el enfoque de la Administración Pública, obtener el mayor retorno y dedicar los recursos a dar mayor valor al contribuyente.

Aunque algunos organismos públicos ya confían en una gestión profesional para la venta de sus activos, todavía estamos lejos de las administraciones de otros países donde conseguir el mayor retorno contribuyente y fomentar que la pequeña y mediana empresa se pueda beneficiar de estos activos que ya no son útiles, es un objetivo medido y público.

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Surus Inversa ya ha demostrado a algunas administraciones las bondades de nuestro modelo como al Ministerio de Defensa, con la venta de repuestos de barcos que ya no están en servicio, venta de turbinas de helicóptero con restricciones del gobierno de EEUU, gestión del reciclaje del portaaviones Príncipe de Asturias; al Ayuntamiento de Madrid, con la gestión y venta de los enseres del Almacén de la Villa y objetos perdidos; al Ayuntamiento de Sevilla con la venta de los enseres del hotel Alfonso XIII; al Consorcio Valencia 2007 con el desmantelamiento de la base del Luna Rossa de la Copa de América de Vela y la venta del equipamiento instalado en los boxes de la Formula 1 de los Tinglados 4 y 5 del puerto; así como a empresas públicas como Correos, con la venta de su parque móvil usado.

Por tanto, pensamos que debería ser una obligación para cualquier Administración retornar el mayor valor posible de mercado cuando los activos dejan de ser útiles para lo que fueron adquiridos y un derecho de los contribuyentes que así sea. Esperamos además que confíen en empresas como Surus Inversa para ello a través de los mecanismos que marca la ley para la contratación pública.