Dentro del sector público, cada vez son más los ayuntamientos de distintas ciudades de la Unión Europea que están desarrollando e implementando medidas para mejorar nuestro modelo económico actual hacia una Europa ecológica y circular, más comprometida con el medio ambiente.
La raíz de esta iniciativa recae fundamentalmente en el llamamiento de la Unión Europea a las ciudades para que desarrollen medidas a favor de la Economía Circular.
Últimamente, todos hemos oído hablar mucho sobre los problemas medioambientales y la escasez de recursos, y sin duda, es un tema sobre el que la Administración debe intentar focalizar sus esfuerzos para proponer y aplicar soluciones al respecto.
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Si las empresas del sector privado están adoptando cada vez más medidas para ir hacia un modelo basado en la economía circular, ¿por qué no deberían las empresas del sector público?
En el caso de las Administraciones Públicas, buscar una segunda vida útil a todos aquellos activos en desuso, revalorizar los residuos y mejorar la gestión de los recursos, no sólo representa un beneficio para el medioambiente, sino que además supone una optimización de costes y un retorno adicional que repercute directamente a los ciudadanos.
En este sentido, el papel de los gobiernos locales es fundamental para la implementación de nuevas medidas que ayuden al desarrollo de este nuevo modelo productivo para cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea, tras la aprobación del Parlamento Europeo de una serie de iniciativas para la construcción de una Economía circular.
Con el objetivo de impulsar este tipo de iniciativas políticas a nivel municipal, 60 ayuntamientos de Europa ya han mostrado su apoyo a la Declaración de Sevilla que tuvo lugar el pasado mes de marzo, en el que además de otros aspectos, se fomenta la colaboración entre el sector público y privado.
En España, la Norma UNE 178303 sobre gestión de activos de las ciudades, establece los requisitos para desarrollar un sistema de gestión que permita a las entidades locales, gestionar sus activos de forma más eficaz y sostenible. Dicha normativa define vida útil como el período de tiempo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la Administración, con un grado aceptable de conservación. Podemos identificar varias etapas dentro de ese período que van desde la creación o adquisición del activo a la renovación y sustitución.
Las ciudades poseen una gran cantidad de activos de todo tipo y por ello, es importante detectar el ciclo de vida útil de cada uno de ellos para optimizar los costes de adquisición y mantenimiento, así como también para planificar las reposiciones y adquisiciones de otros nuevos.
2017-11-02
Buscar la mejor alternativa a aquellos bienes del sector público que dejan de ser útiles o que ya no aportan valor, no sólo supone un retorno económico sino que además promueve que su vida se alargue durante más tiempo y que los recursos se conserven dentro de la economía.
Encontrar a ese potencial comprador dentro del mercado secundario y obtener el mayor valor de retorno posible, no siempre es tarea fácil y el sector público en la mayoría de los casos no tiene los recursos suficientes. Es por eso, que empresas como SURUS INVERSA ayudan a esa gestión y así lo hemos demostrado con algunos organismos públicos como los Ayuntamientos de Madrid, Valencia o Sevilla.
Las administraciones locales deben evolucionar y adaptar su esquema tradicional a un nuevo modelo obedeciendo a las exigencias de sostenibilidad y equilibrio económico para buscar el interés general gestionando adecuadamente los activos sufragados por los contribuyentes.
Aún queda mucho camino por recorrer pero confiamos en que cada vez sean más los organismos públicos que se sumen y apoyen este tipo de iniciativas.