Las perspectivas a futuro de la generación de residuos a escala global no son nada halagüeñas. Estudios y previsiones de diversos grupos de investigación y organizaciones gubernamentales por todo el mundo llegan a la misma conclusión: Proyectando al año 2050, la generación de residuos seguirá en crecimiento, así como sus costes asociados a su gestión. Otros estudios como el de la consultora Ea Earth Action estiman el Día de Sobrecapacidad del Plástico, momento en que la cantidad de residuos plásticos generados supera la capacidad mundial de gestionarlos, para el 5 de septiembre de este año 2024. A partir de este punto, los daños medioambientales generados por la contaminación serán aún más notables.
En este punto, todos los estudios, informes y previsiones comparten también otra conclusión; que es la necesidad de tomar medidas de carácter inmediato.
Un informe de la Comisión Europea del pasado año muestra cómo la eliminación prematura de bienes de consumo genera alrededor de 35 millones de toneladas de residuos en la UE cada año, consumiendo a su vez 30 millones de toneladas de recursos y produciendo 261 millones de toneladas de CO2 equivalentes en emisiones.
En este sentido, actuar para alargar el ciclo de vida de los productos es una medida clave en la estrategia para la lucha contra el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos.
El pasado 23 de abril, el Parlamento Europeo aprobó una nueva Directiva sobre el Derecho a Reparar de los consumidores. En ella, se especifican las obligaciones de los fabricantes de reparar los productos que ponen en el mercado, y anima a los consumidores a prolongar el ciclo de vida de un producto apelando a su derecho a la reparación.
Una vez que el Consejo adopte la directiva y se publique en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros dispondrán de veinticuatro meses para incorporarla a su legislación nacional.
¿Qué obligaciones tendrán los fabricantes, y qué nuevos derechos tendrán los consumidores? ¿Qué nuevos instrumentos habrá a disposición del consumidor?
A continuación, detallamos los principales puntos que garantiza esta nueva Directiva:
Obligaciones para los fabricantes:
- Los fabricantes deberán prestar servicios de reparación oportunos y rentables, e informar a los consumidores de sus derechos a la reparación.
- Expirada la garantía legal, el fabricante seguirá estando obligado a reparar los productos domésticos comunes, y técnicamente reparables, acorde a la legislación de la UE. Serían, por ejemplo: lavadoras, aspiradoras o teléfonos inteligentes.
- Los fabricantes tendrán que proporcionar piezas de recambio y herramientas a un precio razonable.
- En esta línea, quedará prohibido el uso de cláusulas contractuales o técnicas de hardware o software que obstaculicen la reparación del producto por los consumidores. De esta forma, no se podrá impedir, por ejemplo, el uso de piezas de recambio de segunda mano o impresas en 3D por parte de reparadores independientes, ni negarse a reparar un producto por motivos económicos, o por haber sido reparado previamente por otra persona.
Derechos garantizados a los consumidores:
- Los productos reparados bajo garantía se beneficiarán de una prórroga adicional de 1 año de la garantía legal.
- Los consumidores podrán pedir prestado un aparato mientras se repara el suyo.
- Si no se puede reparar, se podrá optar por una unidad reacondicionada como alternativa.
Herramientas / Medidas a nivel estatal:
- Se creará una plataforma europea online, con secciones nacionales para cada país miembro, para ayudar a los consumidores a localizar talleres de reparación, vendedores de artículos reacondicionados y otras aquellas entidades dedicadas a esta labor de reempleo.
- Se creará un formulario europeo de información, para ayudar a los consumidores a evaluar y comparar los servicios de reparación.
- Por último, se pone la obligación a los Estados miembros de aplicar medidas que fomenten la reparación, como serían: la creación de fondos de reparación, campañas informativas, oferta de cursos de reparación, o apoyo a espacios de reparación comunitarios.
Todas estas medidas van enfocadas a incentivar a los consumidores a optar por la reparación en lugar de la sustitución por un nuevo producto. Con ello se busca modificar el modelo de consumo que, en las últimas décadas, ha consistido en precisamente consumir cada vez más productos nuevos, acortándose la vida media de los mismos.
Con la reparación y el reempleo de estos bienes, no sólo generamos menos residuos, y sus emisiones asociadas; sino que reducimos el impacto generado al producir productos nuevos.
Esta nueva Directiva tiene un valor adicional, en línea con otra normativa comunitaria aprobada a lo largo de los últimos meses enfocada en el ecodiseño de los productos, la prohibición de blanqueo ecológico (greenwashing), y el derecho a una información veraz y certificada sobre la sostenibilidad de los productos. Este valor es el de empoderar a los consumidores en la lucha contra el cambio climático, permitiendo a la ciudadanía que tome un papel activo y protagonista a través de sus decisiones.
Decidiendo reparar en lugar de tirar, apostando por el reempleo en lugar del residuo; estamos decidiendo también por un futuro más sostenible.
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